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Tiene Chihuahua una ley contra la tortura

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De la Redacción / El Diario

viernes, 24 julio 2020 | 11:00

Chihuahua.-De enero al 15 de mayo del presente año el 84 por ciento de los protocolos de Estambul realizado por el Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos han dado positivo a tortura y/o malos tratos por parte de algún servidor público, información dada a conocer por la unidad de transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJ) en su oficio número 4814/2020.

Las cifras presentadas en este año son de 25 protocolos realizados de los cuales en 21 de estos estudios  se determinó la existencia de tortura, tratos inhumanos, crueldad y/o tratos denigrantes, esto por parte de las autoridades hacia personas detenidas.

Cabe señalar que el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, el cual es el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Asimismo el documento del TSJ señala que en el 2018 el 64.5 por ciento de los protocolos realizados dieron positivo, es decir 120 de 197 presentados; mientras que en el 2019 el porcentaje positivo fue de 56 por ciento, ese año fueron 173 estudios hecho.

En el estado de Chihuahua el pasado 22 de septiembre de 2012 se publicó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Chihuahua, la cual contempla 15 artículados, en el Periódico Oficial del Estado número 76.

 En mencionado ordenamiento señala en su artículo 3 que comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos.

Lo anterior con la finalidad de obtener del torturado o de un tercero, información o confesión; castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; coaccionarla física, mental o moralmente, para que realice o deje de realizar una conducta determinada; obtener placer para sí o para algún tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.

Además la incomunicación entendida como la privación, por más tiempo del racionalmente necesario, del derecho de toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión a notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe, su arresto, detención, prisión o su traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia, será considerada como tortura.  

No se considerarán como tortura, las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Asimismo el artículo 5, del mismo ordenamiento, menciona que a quien cometa el delito de tortura se le sancionará con prisión de cuatro a quince años; con doscientos a quinientos días multa, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, comisión o empleo público, por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.

Cuando en la tortura intervengan dos o más personas, la pena se aumentará en una tercera parte, pero cuando se cometa en perjuicio de menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, la víctima sea una mujer o persona mayor de setenta años, las penas establecidas se aumentarán en una mitad