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Hay 6 denuncias por despojos de Yesenia Reyes

Los títulos fueron firmados el 28 de junio y el 2 de julio del 2021 contra la Ley de Bienes del Estado, que prohibe desincorporar lotes seis meses antes de concluir cualquier administración

Víctor Hugo Valdovinos/El Diario

miércoles, 29 diciembre 2021 | 13:41

Víctor Hugo Valdovinos/ El Diario

Nuevo Casas Grandes.- Trascendió que el litigio legal sobre los títulos de propiedad que aprobó como Alcaldesa de Casas Grandes Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, hoy Diputada en el Congreso del estado, tienen activas al menos seis denuncias y procesos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ante un Tribunal Civil, ante el Registro Nacional Agrario y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Y es que según se asienta en las denuncias, querellas y trámites ante esas dependencias de las esferas estatal y federal, Yesenia Guadalupe Reyes y su equipo de funcionarios de primer nivel cometieron una serie de anomalías que van desde abuso de autoridad, robo, daños y violaciones a la Ley de Bienes del Estado que prohíbe la desincorporación de bienes públicos seis meses antes de concluir cualquier administración.

Los afectados, han interpuesto esas denuncias tanto en contra de la propia Diputada local en su carácter entonces de Presidenta Municipal durante su administración 2018-2021, como de su ex secretario del Ayuntamiento, Juan Rafael Ochoa Castillo, hoy recién nombrado Presidente de la JMAS en Casas Grandes, del perito del municipio que avaló la “legalidad” de los terrenos, Carlos Antonio Escápite Sáenz, y de quien despojó a los seis propietarios, Rigoberto Terrazas Madrid.

Yamille Ivonne Hipps, José Alejandro Estrada Enríquez, los hermanos Antonio, Alejandro y Alan Varela Flores, así como Manuel Ulises Bernal García, se reveló que desde el 2012 llevan ya más de 9 años en demandas, querellas, quejas y trámites ante diversas instancias para comprobar una y otra vez, mediante títulos y certificados notariales y federales, que le pertenecen a ellos los terrenos que dos meses antes de terminar su mandato en Casas Grandes para irse al Congreso del Estado, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías le terminó concediendo a un particular.

 Aunque se desconocen de manera oficial los motivos por el que aún en contra de la ley, la entonces Alcaldesa y actual legisladora dio luz verde a todos los trámites para titular en cuestión de semanas dos propiedades sobre terrenos ya escriturados ante el Registro Público de la Propiedad, trascendió que ella misma tiene una guerra añeja con los propietarios de esos terrenos, desde que era Presidenta Municipal en su primer periodo del 2016 al 2018.

En el antecedente, la misma Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías había invadido un manantial conocido como “Ojo Vareleño”, rompiendo cercos y robándose los postes, para instalar su propio cerco perimetral con tubos metálicos y malla ciclónica, al amparo del programa “Más agua para Casas Grandes” que ella misma creó.

En ese su último año como Alcaldesa y antes de resultar reelecta para el cargo, en el 2018, Reyes Calzadías anunció que el proyecto surtiría agua a la Universidad Tecnológica de Paquimé, mediante un acueducto de más de dos kilómetros que saldría justamente desde el manantial del Ojo Vareleño hasta la máxima casa de estudios en Casas Grandes.

Fue así como irrumpió en los límites de ese manantial junto con su aún Secretario del Ayuntamiento, Juan Rafael Ochoa Castillo, donde pretendía construir infraestructura de extracción y poner candado para que “solo ella” pudiera entrar.

El proyecto para la UTPaquimé en realidad era una simulación de la Presidenta Municipal, que tenía como verdadera intención, usar todo el recorrido de ese acueducto para surtir con agua rodada todo un sector de lotes que desde su cargo, ella promovió y vendió entre diversos inversionistas con ese servicio incluido.

Sin embargo, ante la falta del permiso de los dueños originales, la familia Varela Flores y de la falta de un estudio de impacto ambiental, los afectados echaron por tierra las pretensiones de Yesenia Reyes y la denunciaron el 15 de marzo del 2018 bajo el caso único “13-2018-0000025”, por los delitos de robo, daños y los que resulten al haber cometido ese acto arbitrario.

De la misma manera, al día siguiente se interpuso una denuncia ante la Profepa contra Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías y demás funcionarios municipales de su administración, por tratar de cerca un predio federal sin autorización de la Conagua, y sin contar con la anuencia de los verdaderos usuarios.

Desde mayo del 2012 los afectados ya tenían denunciado por despojo y daños a Rigoberto Terrazas Madrid bajo la careta de investigación “1215/2012”, mientras en abril del 2015 miembros del Ejido Casas Grandes también invadieron el predio de la familia Varela y se denunció el despojo mediante la carpeta “30/2015”.

Desde ese entonces, Juan Rafael Ochoa Castillo fungía ya como Secretario del Ayuntamiento en la administración de Humberto Baca Tena, por lo que al fungir como intermediario en el conflicto, se le proporcionaron copias de los títulos que amparaban la propiedad a favor de la familia Varela.

Más aún, días después se emitió de parte del Registro Nacional Agrario, un certificado que manifiesta que los terrenos de la familia Varela no se encuentran dentro de los terrenos certificados por el Ejido Casas Grandes, de modo que la irrupción de los productores queda asentada como un despojo y por ello aún existe un juicio en contra de los invasores.

El hecho de que desde el 2015, Juan Rafael Ochoa Castillo como funcionario municipal, tenga conocimiento de la legal posesión de esos terrenos a favor de la familia Varela Flores, engrosa ahora en el 2021 las nuevas denuncias en su contra y contra quienes resulten responsables, entre quienes está la propia Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, por haber validado dos títulos de propiedad a favor del denunciado, Rigoberto Terrazas Madrid, en terrenos debidamente escriturados a seis particulares.

Como el invasor no cuenta con mayor amparo que los títulos que Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías y Juan Ochoa Castillo le concedieron en el lapso de una semana, antes de que ella volviera a dejar su cargo como Presidenta para integrarse al Congreso del Estado, es que los afectados confían en que se resuelva este asunto de una vez por todas.

De hecho, además de la familia Varela Flores, los demás afectados le presentaron a los funcionarios municipales sus títulos debidamente acreditados en el Registro Público de la Propiedad donde Rigoberto Terrazas Madrid jamás aparece como propietario, por lo que les resulta aún más desconcertante que para seguir protegiendo al invasor, le hayan concedido dos títulos “al vapor”.

No obstante, ambos títulos por 90 mil 696 metros cuadrados uno y 38 mil 112 metros cuadrados otro, se otorgaron justamente en el periodo que la Ley de Bienes del Estado prohibe hacerlo, ley que fue creada justo con la finalidad de evitar actos de corrupción de parte de funcionarios salientes.

Cabe señalar que las copias de las denuncias, querellas y demás observaciones con fechas, firmas y sellos sobre los que hace referencia este artículo, obran en poder de esta casa editora.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx