Deirdré Bazán Mayagoitia

lunes, 25 abril 2022 | 22:15

“En el icónico caso de Chihuahua, la alerta se declaró hasta agosto de 2021, y solo en cinco de los 67 municipios de la entidad.”

La desaparición y localización del cuerpo de Debanhi Escobar en Nuevo León conmocionó al país entero; ella solo tenía 18 años y murió en circunstancias violentas, al igual que las 11 mujeres y niñas que diariamente son víctimas de feminicidio en México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Gracias a la intensa difusión y mediatización del caso, la Fiscalía General de Justicia de esa entidad priorizó la investigación sobre las muchas que ha iniciado por desaparición de persona y tardó “solo” 13 días en encontrar sus restos, en medio de lo que se evidencia como un procedimiento ministerial descuidado y con irregularidades.

De nueva cuenta, miles de mujeres salieron a las calles de todo el país para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que dejen el circo político y se pongan a trabajar en lo verdaderamente importante: la integridad, seguridad y derecho a la vida, particularmente de un sector tan históricamente vulnerado, como el de las niñas y mujeres.

Para contextualizar lo anterior basta con conocer el número de reportes de desaparición de mujeres en México: 20 mil 148 según la Comisión Nacional de Búsqueda, o los más de tres mil feminicidios y “homicidios de mujeres” ocurridos en el 2021.

A pesar de lo anterior, solo se han declarado una treintena de Alertas de Violencia de Género y solo en 643 municipios de los más de dos mil 400 que hay en México. Hay entidades que se resistieron hasta el último minuto para activarla y otras que simplemente no consideran necesario iniciar los trámites, pues aunque formalmente, la Alerta es un mecanismo previsto en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que inicia acciones gubernamentales de emergencia con objeto de enfrentar y erradicar la violencia, políticamente es un reconocimiento manifiesto de la incapacidad institucional, presupuestal u operativa para garantizar la no violencia contra las mujeres.

En el icónico caso de Chihuahua, en el que la gran cantidad y persistencia en el tiempo de la violencia feminicida, en algunos de estos casos, generó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la alerta se declaró hasta agosto de 2021, y solo en cinco de los 67 municipios de la entidad.

La gran difusión mediática y en redes sociales de casos de feminicidio como el de Debanhi deben servir para refrendar el legítimo reclamo y aumentar la sentida demanda social por la imparable violencia del país. Al respecto, no es menor el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo federal en el ámbito de su competencia, pero es también necesario motivar a los gobiernos estatales, municipales, legisladores y jueces, para modificar las leyes, instituciones y procedimientos necesarios para combatir coordinadamente este flagelo. Lo que se ha hecho hasta hoy es insuficiente y es momento de reconocerlo y resarcirlo.

También debemos impulsar un debate social profundo, y reconocer que la violencia machista y feminicida es sistémica y, por lo tanto, todos somos responsables, no solo las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia; también lo son aquellas que diseñan los planes de estudio de la niñez y juventudes mexicanas; las instancias encargadas de prevenir e identificar los crecientes problemas de salud mental; los padres y madres de familia que replican patrones machistas, e igualmente de las y los ciudadanos que aún se muestran indiferentes y críticos a los reclamos de las mujeres cuya única exigencia es que el Estado garantice su integridad y su vida.

En nombre de Debanhi, Esmeralda, Yolanda, Alejandra, Pilar, Lezli, Nohemí, Yulizsa, María Fernanda y miles de niñas y mujeres más le preguntamos a las autoridades: ¿hasta cuándo?