David Piñón Balderrama / El Diario

domingo, 19 noviembre 2023 | 15:03

Chihuahua— La jueza María Alejandra Ramos Durán, acusada de impedir la atención médica a un reo que murió de Covid en agosto de 2020, anunció que recurrirá al amparo en el proceso de elección de magistrados para siete salas vacantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La juzgadora criticó la convocatoria recién publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado jueves 16 de noviembre en una edición extraordinaria, en la cual únicamente se contempla un plazo hasta el día 22 para el registro de aspirantes.

Con esta polémica comenzó el proceso iniciado para la renovación de magistraturas del Poder Judicial, en el que habrán de participar representantes del Ejecutivo y los legisladores locales para tomar la decisión de los nuevos titulares de salas civiles, penales y familiares.

“Hoy en una edición especial del periódico oficial del estado de Chihuahua se publica convocatoria para seleccionar 7 personas que ocupen las magistraturas vacantes. Las juezas penales estamos impedidas para participar por disposición expresa de la convocatoria”, indicó Ramos Durán en una publicación en la red social X (antes Twitter). 

“Por si fuera poco, el plazo para presentar documentación es del 17 al 22 de noviembre de este año. Sí, durante los días de puente. Naturalmente no habrá concurso de méritos. De las 7 vacantes, 4 están cerradas a las personas que integran el poder judicial. O sea, un proceso cerrado no para fortalecer la carrera judicial, sino para debilitarla. Las ternas las conforman una persona representante del ejecutivo, otra del legislativo y una del judicial”, criticó la jueza.

En los comentarios fue cuestionada sobre cuándo presentaría el amparo y respondió que lo estaba preparando.

Ramos Durán, en agosto de 2020, fue señalada por el abogado Agustín Marván y los familiares de José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas de Chihuahua (Fideapech), por haber impedido la atención médica a quien entonces estaba detenido, mismo que murió días después de haber contraído Covid.

Renovación judicial

El proceso recién lanzado para elegir siete magistrados ha generado polémica entre los interesados, por el mecanismo de selección determinado con base en lo que establece la Constitución del Estado.

El proceso contempla la integración de ternas con paridad de género garantizada para las salas, para que sean cuatro de las siete vacantes; así como la preferencia a externos al Poder Judicial, también cuatro de las siete vacantes, de acuerdo a lo establecido en la máxima norma estatal.

Las ternas serán definidas por representes del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, designados al interior de cada uno de los tres poderes, para luego ser enviadas al Congreso del Estado, cuya Junta de Coordinación Política analizará a profundidad los perfiles y deberá dictaminar la procedencia de cada caso, a fin de someterlos a la votación del pleno.

La falta de examen de conocimientos ha sido cuestionado en el procedimiento, pero no es una condición establecida en la Constitución.

En años anteriores, durante el gobierno de César Duarte, fueron designados con un mecanismo de participación de los tres poderes, 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en otro proceso polémico que abrió la participación a los externos al Poder Judicial.

En ese proceso, fueron nombrados Leo David Alvarado Roldán, Rogelio Guzmán Holguín, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Delia Holguín López (jubilada); Rafael Julián Quintana Ruiz (fallecido), Héctor Javier Talamantes Abe, José Alfredo Fierro Beltrán (hoy integrante de la comisión seleccionadora); Miriam Victoria Hernández Acosta (presidenta del Poder Judicial); Luis Villegas Montes; Adela Alicia Jiménez Carrasco; César Fernando Ramírez Franco y Eduardo Filiberto Terrazas Padilla.

En el gobierno de Javier Corral, previa reforma a la Constitución que derivó en la destitución del magistrado presidente del Tribunal Superior que estaba desde la administración anterior, fueron designados siete magistrados.

En ese proceso también polémico y cuestionado, el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) y la participación directa del gobernador fue la forma para la integración de las opciones por las que votó el Congreso del Estado, para designar a los magistrados que asumieron entonces. 

Además, los exámenes aplicados, contemplados en ese tiempo, fueron cuestionados por la presunta manipulación del CJE.  

Los magistrados que ingresaron en ese período fueron: Alejandro Legarda Carreón, Norma Angélica Godínez Chávez, Ilián Villanueva Pérez, Angélica Jurado Luna, Pedro Valdez Aguirre, Andrea Cárdenas Valenzuela y Olga Cano Moya.

El procedimiento que está marcha en la actualidad, marca como fecha límite para registrarse, con requisitos que prueben carrera judicial para los internos y otros tantos para los externos, el día 22 de noviembre a las 5:00 de la tarde.

La lista completa de inscritos será publicada el día 23 de noviembre y el día 24 dará a conocerse la integración de las ternas de cada una de las salas, para luego enviarlas de inmediato a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.