Estado

Ilegal pedir la prueba Covid; un ejemplo

Una empresa maquiladora de esas grandes con no menos de mil 500 empleados pretendió condicionar el ingreso de sus trabajadores y de aspirantes a trabajadores a la presentación de pruebas Covid negativas

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 14 enero 2022 | 18:23

-Ilegal pedir la prueba Covid; un ejemplo

-Siguen pegando los contagios en Pueblito

-Juez de consigna salpica al expresidente

-También urgen pruebas Covid para Juárez

Una empresa maquiladora de esas grandes con no menos de mil 500 empleados pretendió condicionar el ingreso de sus trabajadores y de aspirantes a trabajadores a la presentación de pruebas Covid negativas.

Tuvieron los directivos de esa empresa la finalidad obvia de proteger sus intereses y evitar un brote dentro de sus instalaciones, pero de manera discriminatoria e ilegal porque el costo pretendió que corriera a cargo de los empleados.

Tendría cada trabajador al momento de presentarse a laborar portar casi en la frente el resultado negativo de la prueba, para lo cual no solo hay que pagar de 350 a 600 pesos, en el caso de las de antígeno, no se diga las PCR que tiene un costo de tres a cuatro mil pesos, sino hacer interminables filas. Impagables esos costos con los dos o a lo mucho tres salarios mínimos que reciben por sueldo.

Por supuesto que la decisión generó alarma en los trabajadores y se armó tal grilla, que cayeron inspectores de la Secretaría del Trabajo para poner orden, ante tal despropósito que es ilegal e inmoral a todas luces.

Sabemos que hubo un arreglo sordero, debajo de la mesa, para que el despropósito coercitivo no llegara a mayores en perjuicio de la misma empresa, pero de que había elementos, con toda seguridad los existían. Para colmo, mal manejo de recursos humanos, el tono prepotente y dictatorial.

Hay una evidente discriminación sobre lo cual hay muchísima información. Acaba de salir de hecho a la luz pública una declaración del mismito director general del IMSS, Zoe Robledo al respecto, para que no quede ninguna duda.

Casi les recetaron a los responsables de la maquiladora la larga letanía de artículos de la Ley Federal del Trabajo violentados para hacerlos entrar en razón.

Es muy curioso, porque por lo regular las empresas pagan a los empleados las pruebas Covid, muchas veces practicadas por el mismo personal de los consultorios que al respecto tienen montados en las naves industriales o por convenio con laboratorios privados, aprovechando la reducción por volumen en la práctica de las referidas pruebas.

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Los contagios de Covid-19 mantienen en jaque a diversas dependencias del Gobierno estatal. No dan tregua. Hace dos días el que resultó positivo fue el director ejecutivo de la Junta de Aguas, Sergio Nevárez Rodríguez, quien se tuvo que ir a trabajar de manera virtual desde su casa.

Esta es la segunda vez en dos años que el funcionario es diagnosticado con el virus que a últimas fechas se ha propagado de manera impresionante, al grado de tener descabezado completamente también al Registro Civil en esta frontera.

La coordinadora de la dependencia en la zona norte, Karla Gutiérrez, se contagió también por segunda vez y dos oficiales más, Margarita Guardado y Esteban González también comenzaron a sentir síntomas.

Ahora los que están sufriendo las consecuencias son los usuarios, principalmente los que buscan contraer matrimonio, ya que no hay quién les recete la Epístola de Melchor Ocampo.

Cabe mencionar que el Registro Civil cuenta con cinco oficiales, los restantes, Olvido Espelosin y Fred Martínez siguen incapacitados desde hace dos años supuestamente por ser vulnerables, pero eso sí, no son vulnerables para torear al Covid en los restaurantes de la ciudad.

Por lo pronto todos los jefes seguirán cobrando sus jugosos cheques cada quincena mientras las largas filas desquician a la dependencia.

Prácticamente, todos los titulares de las distintas dependencias del Gobierno estatal en Juárez han resultado contagiados por el indestructible bicho.

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Tras la revelación sobre las presiones que enfrentó el juez penal, Samuel Uriel Mendoza, y su posterior ratificación junto con otros jueces impuestos durante el trágico paso de “Lucha” Castro por la Judicatura, no ha quedado libre de salpicaduras el expresidente del Tribunal Superior, Pablo Héctor González.

Mendoza Rodríguez, se recordará, dio una probadita de la intromisión del Palacio de Gobierno en las decisiones judiciales, en concreto en el caso de más alto perfil político, el de Maru Campos, acusada sin éxito por el exgobernador Javier Corral.

El hecho de que haya sido ratificado junto con otros más considerados jueces de consigna del corralato desde luego que hizo ruido entre los juristas. No se diga en los tribunales, donde siguen a la espera de una limpia tanto vertical como horizontal, desde los juzgados hasta oficinas administrativas.

Pero el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), del que ya dimos cuenta ayer, fue en el sentido de que se tomó la decisión de la ratificación con la escasa información que se tenía hasta el momento. Eso no exonera por anticipado a cualquier juez que se encuentre bajo sospecha.

De hecho, el acuerdo de ratificación con las salvedades expresadas por los integrantes del CJE se ha interpretado como una dedicatoria hacia el todavía magistrado de la séptima sala de lo penal, González Villalobos.

Otros jueces, abogados litigantes y hasta magistrados han ofrecido detalles de la forma de operar esas presiones de Palacio en tiempos de Corral, que obviamente pasaban primero por “Lucha” (antes de que renunciara) y luego por el ahora expresidente del TSJE.

La cautela de los consejeros de la Judicatura obedece a la estrategia de respetar el debido proceso, para no caer en los mismos errores de las decisiones pasionales y hormonales del quinquenio pasado, con Javier Corral a la cabeza.

Pero también, muy seguramente, la cautela se debe a que es asunto de los que deben tratarse con pincitas, porque no es cualquier cosa actuar, como podría ser el caso, contra un magistrado en funciones, aunque prácticamente haya sido echado del cargo de presidente en noviembre pasado.

Todo apunta, pues, a que el titular de la Séptima Sala tendrá más asuntos por atender que los casos penales que permanecen bajo su revisión como segunda instancia.

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A finales del año pasado, Ciudad Juárez prácticamente duplicaba los contagios de la capital, pero ahora es Chihuahua la que se acerca a la cifra de la frontera. Está a poco más de seis mil casos de empatarla, aunque en cuestión decesos la tendencia no ha cambiado.

Esa prevalencia e incidencia que ha marcado a la frontera durante la pandemia, a pesar de que en esta cuarta ola de Covid no ha sido tan trágica como en las anteriores, hace que los indicadores apunten más al rojo que al amarillo en la semaforización epidemiológica.

Según lo que ha reportado la oficina del secretario de Salud, Felipe Sandoval, a varios de los integrantes del Consejo Estatal de Salud, el caso de Juárez se mantiene como punto crítico por la tendencia histórica más que por los indicadores actuales.

Agravan la situación dos factores: el frío en la región y la variante Ómicron, cuyos picos se esperan entre las próximas tres y seis semanas, lo que ha dado muestras de preocupación no sólo en la capital del estado sino en El Paso y otras ciudades cercanas que forman parte de la comunidad fronteriza.

Además, siguen haciendo falta en la ciudad más pruebas para detectar y contener los brotes que se han vuelto pan de cada día.

Es esa falta de pruebas lo que hace gran diferencia entre lo que ocurre en Juárez (38 mil contagios y cuatro mil 100 fallecidos) y la vecina ciudad texana (180 mil contagios y tres mil decesos).