Staff/El Diario de El Paso

lunes, 18 septiembre 2023 | 06:00

A mil 508 días –que hoy se cumplen– del atentado terrorista que dejó 23 muertos y 23 heridos graves en Walmart de Cielo Vista, el proceso en contra del asesino confeso dista de haber concluido y sigue generando millonarios costos a los contribuyentes de El Paso.

Aunque la Justicia Federal condenó a principios de julio a Patrick Crusius a 90 cadenas perpetuas por los crímenes de odio cometidos el 3 de agosto de 2019, el juicio estatal está pendiente y no se ha definido una fecha para que inicie. 

Mientras tanto corren los gastos de la estancia del asesino confeso –quien se declaró culpable en la Corte Federal– y de los abogados defensores. Además la Fiscalía de Distrito (DA) de El Paso, que preside Bill Hicks, ha contratado a personal extra, para lo cual ha recibido un subsidio de 3 millones de dólares por parte del gobernador Greg Abbott a fin de cubrir los gastos extraordinarios del proceso.

De estos tres millones de dólares, dos han sido asignados ya al DA y el resto será provisto para el próximo año en caso de que se fije la fecha para el juicio en el que, a diferencia de su contraparte federal, el fiscal Hicks pedirá la pena de muerte.

El equipo de la defensa del tirador cobra 195 dólares la hora y ha representado a su cliente por más de tres años en los juicios estatal y federal, lo cual eleva la cuenta de sus honorarios. Joe Spencer, el líder de la defensa, es pagado con fondos del estado ya que Crusius señaló que no cuenta con dinero para financiar a un defensor.

Asimismo, el costo de mantener a Crusius detenido hasta este día es de 152 mil 308 dólares, sin tomar en cuenta las medidas de seguridad extras para mantenerlo aislado de otros internos en la Cárcel del Condado del Centro de El Paso.

Será hoy lunes 18 de septiembre cuando el Estado realice una conferencia de prensa para anunciar los avances en el caso que conmocionó al mundo entero. El anuncio estaba planeado para la semana pasada pero fue pospuesto por cuestiones de logística, según se anunció.

Luego de una serie de retrasos, por negociaciones entre abogados y también por problemas entre la ahora ex fiscal de Distrito y el juez a cargo del caso, parece que el Estado de Texas está decidido a “acelerar” el proceso en contra de Crusius, pero mientras tanto los costos se incrementan cada día.

Defensor no revela datos

El defensor Joe Spencer se ha negado a proporcionar información sobre el tamaño del equipo legal que emplea y cuánto ha facturado en dólares de impuestos. Haciéndose eco de la orden de silencio, le dijo a El Paso Inc. que divulgar la información “puede afectar nuestra capacidad para elegir un jurado en el condado de El Paso”.

“Mi duda es que cuanta más información externa se difunda al público, más difícil será elegir un jurado imparcial”, dijo Spencer. “La justicia no tiene precio, o al menos no debería tenerlo, y parecería que hay otras áreas de importancia para el público además de tratar de abordar un problema que no sea causado por la defensa”.

Spencer fue designado por el juez de distrito estadounidense David Guaderrama en septiembre de 2020 para defender al pistolero, Patrick Wood Crusius de Allen, Texas. La orden establece que Spencer recibiría un pago de 195 dólares por hora, “la tarifa máxima para casos de pena de muerte en el Distrito Oeste de Texas”, según la orden de Guaderrama.

Cuando los acusados carecen de recursos para pagar sus propios costos judiciales, como es el caso de Crusius, el Estado debe proporcionar defensores públicos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, normalmente se asignan dos abogados como defensores públicos en los casos de pena de muerte.

La preparación para el caso del estado comenzó durante el mandato del ex fiscal de distrito de El Paso, Jaime Esparza. Cuando se jubiló, pasó a la entonces recién elegida Fiscal de Distrito Yvonne Rosales.

A $101 por día

El costo del encarcelamiento del pistolero en el Centro de Detención del Condado de El Paso en el centro de la ciudad, donde ha estado desde el tiroteo del 3 de agosto de 2019, es de $101 por día, según la oficina del Fiscal del Condado de El Paso. Rubén Nevárez, asistente del fiscal del condado, aclaró que no hay diferencia de costos entre la custodia federal y estatal, ni el costo de la detención ha sido más alto para Crusius que para otros reclusos. 

Sin embargo, no se toman en cuenta algunos factores como el hecho de que Crusius se encuentra en aislamiento, lo que incrementa el costo de mantenerlo detenido.

A la tasa indicada por Nevárez, hasta este día se habrían gastado 152 mil 308 dólares de los contribuyentes para mantener bajo custodia a Crusius, aunque no ha sido juzgado por el Estado de Texas.

Crusius estuvo bajo custodia estatal inmediatamente después de su arresto en 2019 y fue transferido a custodia federal del 11 de febrero de 2020 al 11 de julio de 2023, según la oficina del fiscal del condado. Luego fue transferido nuevamente a la custodia estatal, donde permanece hoy. Ha permanecido en la cárcel del condado de El Paso mientras estuvo bajo custodia estatal y federal.

Con el cambio de marcha de los procedimientos federales al juicio estatal –una fecha para la cual el juez Medrano no ha fijado– los gastos financiados con impuestos para procesar y defender a Crusius continúan aumentando. Hasta dónde pueden llegar, en este momento es una especulación.

“Será imposible cuantificar el costo teniendo en cuenta la duración del juicio: el descubrimiento masivo y la posibilidad de décadas de apelaciones que aparentemente nunca traerán una finalidad judicial en mi vida, siempre y cuando el estado busque la pena de muerte para obtener beneficios políticos, que parece ser lo que han hecho todas las administraciones estatales”, dijo Spencer. “Hay una razón por la que el gobierno federal decidió no solicitar la pena de muerte”.

El fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks, defendió su decisión de no retirar la pena de muerte.

“Sé que el señor Spencer piensa que se trata de una decisión política. No lo es”, dijo a El Paso Inc. “Creo que lo correcto es que el jurado tome esa decisión. Los abogados no deberían tomar esta decisión. Los jueces no deberían tomar esta decisión. La comunidad, el jurado, debería tomar esta decisión. Para mí, eso no es política, eso es justicia”.

Hicks, quien fue designado para reemplazar al ex fiscal de distrito Rosales, dijo que su oficina está utilizando una subvención multimillonaria para pagar gran parte de su procesamiento contra Walmart. Dijo que “más del 95%” de los gastos de preparación de Walmart del fiscal del distrito se financian con la subvención, que proviene de la oficina del gobernador de Texas.

“Los salarios de los empleados de tiempo completo que trabajan en Walmart se pagan con la subvención”, dijo Hicks. La subvención también cubre los gastos de consultoría de expertos del estado, viajes y otros gastos asociados relacionados con el caso.

El equipo de procesamiento de Walmart del fiscal de distrito de El Paso está formado por cuatro fiscales de tiempo completo, dos secretarios legales de tiempo completo y un investigador de tiempo completo, dijo Hicks. Durante las “reuniones de estrategia”, la subvención también paga a cuatro abogados consultores adicionales, y la oficina del fiscal de distrito recibió recientemente la aprobación para contratar a seis nuevos secretarios legales para ayudar con la fase de descubrimiento, que se extenderá hasta finales de este año, dijo Hicks. 

Muere fiscal asignado al caso

Un destacado fiscal estatal que trabajaba en el juicio por tiroteo masivo en Walmart de El Paso falleció durante el fin de semana, dijeron funcionarios del fiscal de distrito.

Ron Banerji, de 49 años, falleció inesperadamente el domingo 10 de septiembre en su casa, dijo el fiscal de distrito de El Paso, Bill Hicks. No se publicó información sobre la causa de la muerte.

Banerji era asistente del fiscal de distrito y trabajaba como abogado de apelaciones para la División de Apelaciones de la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso. Fue uno de los tres fiscales que trabajaron en el juicio por el tirador masivo de Walmart en El Paso.

Se desconoce si será reemplazado en el equipo de Hicks y si su deceso impactará en la ruta crítica del caso.

La subvención de la oficina del gobernador de Texas proporciona un total de $3 millones para el procesamiento del tirador de Walmart. Este año se han distribuido poco más de 2 millones de dólares en la oficina del fiscal del distrito. Si el juicio se programa para el próximo año, el millón de dólares restante se entregará al fiscal del distrito para la acusación.

Si hay un cambio de sede, eso podría agregar entre $1 millón y $1.5 millones adicionales a los gastos del fiscal del distrito, dijo Hicks.