Uriel J. García/The Texas Tribune

jueves, 16 noviembre 2023 | 06:00

El gobierno mexicano respondió el miércoles a la aprobación por parte de la Legislatura de Texas del Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB4), que crea un delito estatal por ingresar ilegalmente al estado desde México y permite a las autoridades estatales y locales deportar a inmigrantes indocumentados, diciendo que “rechaza categóricamente” la última propuesta de Texas para arrestar y deportar inmigrantes a México.

“El Gobierno de México reitera su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de migrantes sin respeto al debido proceso”, señala el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Agregó que México “reconoce el derecho soberano de cualquier país a decidir las políticas públicas que deben implementarse en su territorio”, pero México también tiene derecho a defender a las aproximadamente 10 millones de personas de origen mexicano en Texas y “establecer sus propias políticas migratorias en su territorio”.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales detener y devolver a nacionales o extranjeros a territorio mexicano“, dice el comunicado.

La declaración no decía explícitamente que México se negaría a aceptar extranjeros expulsados de Texas bajo la SB 4, que fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura y se convertirá en ley si el gobernador Greg Abbott firma el proyecto.

El miércoles por la mañana, Abbott dijo en las redes sociales que espera “con ansias firmar el Proyecto de Ley del Senado 4”.

En su comunicado, México dijo que ha ordenado a sus consulados en Texas brindar información a sus connacionales sobre sus derechos y los detalles de la SB 4. El comunicado agregó que México continuará trabajando con el gobierno federal de Estados Unidos en materia de inmigración.

El martes por la noche, la Cámara de Representantes de Texas aprobó la SB 4, que convertiría en delito menor estatal cruzar ilegalmente la frontera de México a Texas, facultaría a los agentes del orden público del estado para arrestar a inmigrantes y exigiría que un juez estatal ordene a la persona salir de Estados Unidos a México en lugar de ser procesada.

El cargo podría convertirse en un delito grave si el extranjero es acusado de otros cargos o se niega a cumplir con la orden de un juez de regresar a México. El proyecto de ley también permite a las personas presentar pruebas de que se encuentran legalmente en el país durante el proceso. La pena máxima por un delito menor es un año de cárcel; por delito grave la pena es de dos a 20 años de prisión.

El Texas Tribune entrevistó previamente a abogados, profesores y a un ex jefe del Instituto Nacional de Migración, la oficina reguladora de inmigración de México, quien dijo que el país no tiene ninguna obligación de aceptar ciudadanos no mexicanos de Texas.

México tiene acuerdos vigentes con el gobierno de Estados Unidos para aceptar ciudadanos mexicanos y migrantes de otras naciones cuando son deportados, y las fuentes dijeron que no tendría precedentes que México creara una relación diplomática con un estado de Estados Unidos sobre asuntos de inmigración.

Muchos de los inmigrantes que ingresan a EU no son de México, según datos del gobierno.

En el año fiscal 2023, que finalizó el 30 de septiembre, alrededor del 83% del millón de inmigrantes encontrados por la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Texas y México no eran de este país. Muchos provienen de América Central y del Sur, Asia o países de Europa del Este. Algunos también son de Canadá.

Ya es ilegal, según la ley federal, cruzar la frontera entre Estados Unidos y México entre los puertos de entrada. Los inmigrantes que violen la ley pueden ser acusados penalmente y sometidos a procedimientos de deportación. Una persona que ingresa al país, sin importar si lo hizo de manera legal o ilegal, tiene hasta un año para solicitar asilo.

¿Legal o no?

En Texas, una mayoría de legisladores demócratas, al menos un senador republicano y organizaciones de derechos civiles dicen que la SB 4 es inconstitucional porque la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que las leyes de inmigración sólo pueden ser aplicadas por el Gobierno Federal. Durante el debate sobre el proyecto de ley, los demócratas advirtieron de que podría dar lugar a violaciones de los derechos civiles tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos estadounidenses, que pueden no tener sus papeles a mano cuando son parados por la Policía.

En un caso histórico de 2012, Arizona contra Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó que la policía local no tenía la autoridad para arrestar a alguien basándose únicamente en su estatus migratorio y que la responsabilidad recae en el Gobierno Federal.

Durante un debate en el Senado estatal la semana pasada, el senador Brian Birdwell, republicano por Granbury –que patrocinó una propuesta similar durante una sesión especial anterior que habría requerido que el estado entregue a los migrantes detenidos a los funcionarios federales de inmigración en lugar de deportarlos– criticó la SB 4.

“Estamos sentando un terrible precedente para el futuro al invalidar nuestra obediencia y fidelidad a nuestra Constitución”, dijo Birdwell, antes de referirse a una frecuente crítica republicana de que el presidente Joe Biden no ha asegurado la frontera sur. “Que el presidente Biden no obedezca su juramento no nos obliga a violar el nuestro”.